Todos los individuos que viven en comunidad obtienen por sus
propios medios algunos bienes privados para satisfacer sus necesidades, como el
alimento o el vestido. Pero también necesitan bienes que no pueden obtener por
sí mismos. Los “bienes públicos” son aquéllos que no pueden dividirse o
fraccionarse para que los usen las personas y que tampoco pueden ser excluidos
de su disfrute a nadie. Tales bienes pueden ser las señales de tráfico, las
calles, el alumbrado o los parques, pero también la seguridad, la ciudadanía,
la moneda o los sistemas de pesos y medidas.
A lo largo de la historia, pensadores, filósofos y revolucionarios
han identificado el fin de la vida en comunidad con el “bien público” o “el
bien común”. Identificar, producir y distribuir estos bienes es un problema
colectivo y por lo tanto político.
Al requerir el esfuerzo colectivo, la provisión de bienes públicos
se convierte en un problema político. Así, un objetivo de la política es la
provisión de bienes públicos. Por lo mismo, se vuelve indispensable conocer el
origen y la forma de ejercer la autoridad política.
En la actualidad esta autoridad recae primordialmente en el Estado,
entendido como el conjunto de instituciones que poseen legitimidad suficiente
para ejercer control sobre los recursos de la sociedad y administrarlos en su
beneficio. Esto implica que exista una relación recíproca entre la sociedad y
el Estado. La primera aporta los recursos y, el segundo, estructura para
gestionarlos
El ciudadano en las sociedades modernas es aquella persona que con
base en sus libertades y derechos constitucionalmente establecidos, y
consciente de los derechos de los demás, asume posturas activas de
deliberación, análisis y argumentación sobre los asuntos de la vida pública.
Algunos instrumentos para expresar estas posturas son el voto y la actividad
político-partidista, pero también la participación en organizaciones sociales y
asociaciones civiles, la movilización, así como el escrutinio de las acciones
del gobierno y la evaluación del ejercicio del poder.
El ejercicio de la ciudadanía en la actualidad va más allá de
apoyar propuestas por parte de las élites políticas y pasa por la intervención
directa en la formulación, evaluación e instrumentación de las acciones de
gobierno a través de los espacios institucionales que antes estaban reservados
exclusivamente para funcionarios públicos.
A partir de estas dos ideas, en la actualidad, lo público se divide en
dos esferas:
·
El
espacio púbico estatal, como aquel en donde las autoridades legal y legítimamente
constituidas tienen la vigencia del interés público, y son las responsables de
determinar metas, cumplir plazos y manejar los recursos públicos mediante
políticas públicas que definen el sentido del ejercicio del gobierno.
·
El
espacio público social, como el lugar de la articulación y organización de los
discursos y objetivos que persiguen los grupos sociales; es donde se da cause a
la participación y movilización ciudadana para defender intereses y plantear
demandas.
A esto se le denomina participación ciudadana, y lo que
persigue es influir en las decisiones de la administración pública,
aprovechando las ventajas y oportunidades que les da la visualización mediática
y su influencia en la opinión pública.
Finalmente, vivimos en una época caracterizada por el acelerado
crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. En las
décadas recientes, el mundo ha vivido grandes transformaciones en muchos
ordenes de la vida individual y colectiva producto de estas tecnologías, así
como de los intercambios comerciales, flujos migratorios y procesos de
integración social que denominamos globalización.
Estos cambios han puesto a discusión el papel del Estado, el
gobierno y la administración pública en su relación con una sociedad civil
organizada a nivel mundial. En este sentido, las decisiones en el ámbito
público se han visto impactadas tanto por las nuevas tecnologías como por las
demandas ciudadanas que rebasan los ámbitos de lo nacional y se vuelven cada
vez más globales
